La polémica generada por la llamada “Ley Serrano” terminó alcanzando políticamente al alcalde Enrique Galindo Ceballos luego de que una trabajadora relacionada con el Ayuntamiento capitalino apareciera vinculada al caso que detonó la controversia. Lo que inició como una discusión sobre libertad de expresión y contenidos generados con inteligencia artificial rápidamente evolucionó hacia cuestionamientos sobre la participación de actores cercanos al gobierno municipal en la difusión de materiales que posteriormente fueron señalados por su contenido engañoso.
La situación ha generado inquietud entre diversos sectores, ya que la presencia de personas ligadas a la administración municipal alimenta sospechas sobre la existencia de estructuras dedicadas a la confrontación política desde plataformas digitales. Para muchos observadores, el problema ya no es únicamente el contenido difundido, sino quiénes aparecen relacionados con su creación, circulación y promoción.
El caso revive además señalamientos recurrentes sobre grupos afines al alcalde que han sido acusados de operar campañas de desgaste contra adversarios políticos y críticos de la administración municipal. Aunque Galindo no aparece directamente involucrado, la cercanía de algunos personajes con su gobierno ha provocado que las críticas también alcancen al Ayuntamiento.
Mientras la discusión pública continúa creciendo, el episodio vuelve a colocar a Enrique Galindo en el centro de una controversia política que daña su imagen y alimenta cuestionamientos sobre las formas de operación de su entorno más cercano.
