La administración de Enrique Galindo Ceballos volvió a quedar bajo cuestionamiento tras autorizar mil 102 millones de pesos para un puente vehicular en Villa Magna, prácticamente el mismo proyecto que el Gobierno del Estado anunció previamente para atender la movilidad de esa zona.
El movimiento municipal fue interpretado como una respuesta política y no como una estrategia responsable de infraestructura, especialmente porque durante cinco años la capital ha padecido calles deterioradas, falta de mantenimiento y escasas obras relevantes impulsadas directamente por el Ayuntamiento.
Mientras colonias enteras continúan reclamando pavimentaciones, drenajes y rehabilitación vial, Galindo concentra una suma millonaria en un proyecto que podría duplicar esfuerzos y recursos públicos.
La falta de coordinación también expone el riesgo de convertir una necesidad ciudadana en una disputa política. En lugar de sumar capacidades con el Gobierno Estatal, el alcalde parece empeñado en competir por la autoría de una obra cuando la prioridad debería ser garantizar su correcta planeación y ejecución.
