Los hechos ocurridos durante la protesta frente al Congreso del Estado encendieron las alertas entre legisladores de distintas fuerzas políticas, quienes coincidieron en condenar los actos de violencia registrados durante la movilización.
Sin embargo, uno de los señalamientos más severos fue dirigido hacia el alcalde Enrique Galindo Ceballos, luego de que el diputado Luis Fernando Gámez sostuviera que existen indicios de una operación con tintes políticos vinculada a la carrera por la gubernatura.
La acusación adquiere relevancia debido a que también se mencionó la posibilidad de que recursos públicos hayan sido utilizados para financiar la movilización, una situación que podría tener consecuencias legales y administrativas.
Para diversos sectores políticos, la protesta dejó de ser únicamente una manifestación social para convertirse en un episodio que exhibe la creciente tensión política rumbo al proceso electoral de 2027.
