En un paso firme hacia la transparencia, se presentó una iniciativa que busca garantizar la protección de quienes denuncian o atestiguan faltas administrativas graves.
El planteamiento reconoce que muchas personas se abstienen de denunciar por temor a represalias, por lo que propone un esquema integral de protección que salvaguarde su integridad, sus derechos y su situación laboral.
La iniciativa contempla sanciones claras contra cualquier forma de intimidación, hostigamiento o despido injustificado derivado de una denuncia, enviando un mensaje contundente contra las prácticas que buscan silenciar a quienes evidencian irregularidades.
Con ello, se pretende generar mayor confianza en las instituciones y fomentar una cultura de denuncia responsable, donde las personas cuenten con el respaldo necesario para contribuir al combate a la corrupción.
